La Policía Nacional detiene a los ocho miembros de una red que falsificaba pasaportes a prostitutas en situación irregular
Las mujeres abonaban entre 400 y 600 euros para que les estamparan sellos falsos de entrada y salida en sus documentos de viaje
Intervenidos tampones, tintas, lámparas ultravioleta, una plastificadora, láminas plásticas para documentos, guillotinas, fechadores con números de control en caucho y documentos falsificados
Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho miembros de una red especializada en falsificar pasaportes a prostitutas brasileñas en situación irregular. Los documentos que iban a ser modificados eran remitidos por colaboradores de la organización desde diversas localidades españolas a un laboratorio que el grupo poseía en Castellón. Las mujeres abonaban entre 400 y 600 euros para que les estamparan sellos falsos de entrada y salida en sus documentos de viaje.
Sellos falsos de entrada y salida en el espacio Schengen
La investigación se inició en Tenerife cuando se detectó un grupo, formado exclusivamente por personas de nacionalidad brasileña, presuntamente dedicado a la falsificación de documentos y de sellos de entrada y salida en el espacio Schengen. Las principales estampaciones falsas se correspondían con las de los aeropuertos de Paris-Roissy, Frankfurt y Madrid-Barajas. Los pasaportes sellados ilícitamente proporcionaban apariencia de legalidad a otros ciudadanos brasileños en situación irregular en España. Paralelamente, los agentes descubrieron la existencia de miembros de esta misma organización en la zona de Zaragoza y Castellón.
Base en Castellón e intermediarios en toda España
Los investigadores detectaron que el lugar donde se llevaban a cabo las falsificaciones estaba ubicado en Castellón. Allí disponían de la infraestructura necesaria para modificar los documentos y sellos de entrada y salida en el espacio Schengen (tampones, tinta, fechadores con códigos, lámparas ultravioleta, plastificadotas, plásticos, guillotina, etc.,). Descubrieron, además, que recibían periódicamente los documentos de personas en situación irregular, desde varias provincias de España, así como cantidades en efectivo de entre 400 y 600 euros. Una vez realizadas las modificaciones en la documentación, los remitían nuevamente a la dirección y persona que los suministraba.
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